sábado, 11 de diciembre de 2010

¿PROFESIÓN SANITARIA O NO?

La problemática surge el 21 de noviembre de 2003 cuando fue aprobada Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS). En ella es incluida la especialidad de Psicología Clínica como profesión sanitaria, pero no se incorpora a los licenciados en Psicología, cuando sí se incluyen otras licenciaturas y diplomaturas como las de Medicina, Enfermería, Farmacia, Veterinaria, Terapia Ocupacional, Logopedia o Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Los hechos se sucedieron del siguiente modo:

Aunque esta Ley suponía un gran avance, planteaba una gran contradicción ya que dejaba sin reconocer a la inmensa mayoría de los psicólogos como profesionales sanitarios. El hecho de reconocer sólo a la especialidad de Psicología Clínica como profesión sanitaria niega la posibilidad de que los demás titulados en Psicología, que son la inmensa mayoría, tenga el reconocimiento para ejercer su profesión. No sólo los que poseen ese título de especialista realizan actividades sanitarias, ya que todos los psicólogos las realizan en mayor o menor medida, pero la LOPS niega esta realidad.

Tras las movilizaciones que se realizaron en protesta por esta situación, el Gobierno reconoció la existencia del problema, y aprobó una Orden Ministerial que permitía que los psicólogos no especialistas que estaban trabajando en consultas privadas pudieran seguir registrandolas como centros sanitarios. Esta Orden ha sido anulada por el Tribunal Supremo el pasado febrero de 2010, resolviendo un recurso que había presentado el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.

Todo ello supone que de los más de 52.000 psicólogos colegiados que hay actualmente en España sólo unos 7.800 psicólogos, que son los que poseen el título de especialista de Psicología Clínica, pueden ejercer su profesión dentro del marco de la Ley. Por otra parte, los más de 50.000 estudiantes de Psicología nos encontramos sin futuro por ser casi imposible ser profesionales sanitarios, ya que cada año sólo se ofertan un centenar de plazas PIR para toda España, la única vía para ser especialistas.

La que era entonces Ministra de Sanidad, Elena Salgado, propuso el 4 de abril de 2006 en el pleno del Congreso de los Diputados como una solución definitiva a esta problemática la creación de un Master Oficial en Psicología de la Salud con el reconocimiento legal de profesión sanitaria. La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad, el 20 de noviembre de 2008, una iniciativa solicitando al Gobierno que se aceleran los trabajos para la creación de esta formación específica y, finalmente, en enero de 2009, fue presentado a los ministerios un borrador de directrices del Master por la Conferencia de Decanos de Psicología de las Universidades Españolas y por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.

Desde entonces, tanto la Conferencia de Decanos, como el Consejo General y el CEP-PIE esperábamos una respuesta por parte de los Ministerios de Educación y de Sanidad y Política Social. En noviembre de 2009, se comprometieron a tratarlo en la siguiente Comisión de Recursos Humanos del SNS que tendría lugar en diciembre de ese mismo año. Las tres entidades decidimos esperar pacientemente pero en la Comisión de Recursos Humanos sigue sin tratarlo, celebrándose su última sesión el pasado 27 de abril de 2010. Tras esto, el CEP-PIE considera esta coyuntura insostenible ya que los estudiantes y los titulados se encuentran en una situación de indefensión absoluta; la LOPS deja en la inseguridad jurídica a la mayoría de psicólogos, nos deja sin cobertura legal para ejercer a los futuros títulados en Psicología, y el Ministerio de Sanidad y Política Social está incumpliendo sus compromisos de solucionar este problema.

La creación de ese Máster supone unos indudables beneficios para toda la sociedad, ya que se establecerán unos contenidos obligatorios para la mejor preparación de los psicólogos en el ámbito sanitario, y se les dotara de un reconocimiento legal para que puedan ejercer su profesión sin inseguridades jurídicas absurdas e injustificadas.


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